Política de ayer y de hoy

España es un Estado social y democrático de Derecho que tiene como forma política la monarquía parlamentaria. Esto quiere decir que el Jefe del Estado es el Rey, quien arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones y asume la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales.

No obstante, el Rey no tiene iniciativa propia en los actos políticos, pues no es responsable de ellos. Estos actos siempre deben estar refrendados por la autoridad política competente.

En España el poder ejecutivo (la política interior y exterior, la administración civil y militar) y la potestad reglamentaria son ejercidos por el Gobierno. El Consejo de Ministros es presidido por el Presidente del Gobierno, quien escoge a sus ministros y tiene las funciones propias de un Jefe de Gobierno en un sistema parlamentario. Es, además, responsable ante las Cortes.

El Congreso de Diputados vota la investidura del Presidente del Gobierno al inicio de cada legislatura, y el Rey, refrendado por el Presidente del Congreso, propone al que debe presentarse a la investidura tras una ronda de consultas con los líderes de los grupos parlamentarios.

 

Desde 1977, en España todos los gobiernos han sido “monocolores”, lo que quiere decir que han estado compuestos por un solo partido o coalición preelectoral, incluso aunque únicamente dispusieran del respaldo parlamentario de una mayoría relativa. El Congreso puede deponer al Presidente del Gobierno a través de una moción de censura constructiva en la cual se establece su sustituto.

El poder legislativo, por su parte, es ejercido por las Cortes Generales, una institución parlamentaria bicameral – o sea, con dos cámaras legislativas-, que actúa como órgano supremo de representación del pueblo español. Dichas Cortes están conformadas por una cámara baja, el Congreso de los Diputados, y una cámara alta, el Senado, la cual se precisa como cámara de representación territorial. La legislación electoral española viene siendo esencialmente la misma desde el año 1977.

El tercer poder, el Judicial, se compone por el grupo de juzgados y tribunales, constituido por jueces y magistrados, quienes tienen la autoridad para administrar justicia en nombre del Rey. Los jueces son funcionarios de carrera, cuya meta es la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes excepto en materia de garantías constitucionales.

Así, a grandes rasgos, se ha organizado el sistema político español durante los siglos.

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